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• [Notas periodísticas en torno al indulto a presos políticos promovido por el Presidente Salinas de Gortari]

  7 fojas mecanografiadas. Notas periodísticas en que se informa sobre el indulto presidencial a los presos políticos y a aquellos que purguen sentencias menores, así como sobre las reacciones que generó. Se anexan artículos que relatan una huelga de hambre de aproximadamente 20 mujeres del Comité Eureka, encabezadas por Rosario Ibarra de Piedra, en el recinto Benito Juárez de la Secretaría de Gobernación iniciada el 9 de febrero de 1989, detallando que la acción fue decidida luego de una entrevista con el Director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Luis Ortiz Monasterio quien no dio una respuesta satisfactoria a las demandas de las familiares que solicitaban la liberación tanto de los desaparecidos como de los presos por razones políticas. Así mismo se registra que en apoyo, un grupo perteneciente al Comité de Presos y Desaparecidos del Frente Nacional contra la Represión se apostó frente a la Secretaría de Gobernación y se anunciaron otras acciones en varios puntos de la república, incluyendo Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí. Se advierte que organismos internacionales están atentos al desarrollo de la protesta y posteriormente que el día 11 se levantó la huelga de hambre por una nueva promesa de solución. Destaca la declaración de Ibarra de Piedra de que desde el día en que iniciaron pláticas en la Secretaría de Gobernación, entregando una lista de 547 desaparecidos, hay que sumar el caso de José Ramón García Gómez, luchador secuestrado en Cuautla, Morelos en diciembre de 1988. Se comentan las opiniones de representantes empresariales y de partidos políticos. Y se registra que el gobernador de Chihuahua negó la existencia de presos políticos en el país, aclarando que se trata en realidad de personas que por motivos sociales infringieron la ley, recalcando que al parecer no existen chihuahuenses condenados por el fuero común del estado en este sentido, pero que se haría la revisión correspondiente. Destaca que, de acuerdo con las publicaciones, en el informe generado por la presidencia nacional se asegura que no existen presos políticos en Chihuahua, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, y que partidos de oposición calificaron de parcial el indulto, pues no considera a los desaparecidos y que debería terminarse también con las cárceles clandestinas, las cuales según la activista María Teresa Jardi, quien dirigía una lucha para que Nazar Haro fuese juzgado, aún existen. El archivo contiene notas publicadas en los diarios “Novedades”, “El Universal”, “El Heraldo”, “Diario de Chihuahua” y “El Heraldo de Chihuahua”, algunas de las cuales tienen fotografías.
  

• [Notas periodísticas sobre desalojo de plantón realizado por madres de desaparecidos y presos políticos en el palacio de gobierno de Chihuahua, publicadas el 22 de noviembre de 1988]

  8 fojas mecanografiadas. Notas periodísticas que dan cuenta del desalojo por la fuerza, ordenado por el Procurador de Justicia de Chihuahua José Miller Hermosillo, de un plantón realizado por madres de desaparecidos y presos políticos frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Destaca una declaración del funcionario afirmando que en Chihuahua no hay presos políticos y por ello no pueden resolver el problema. En respuesta los manifestantes declararon que realizarían acciones más radicales a fin de que sus familiares sean presentados y juzgados conforme a la ley y aclararon que el acto fue además en solidaridad con la toma del Senado de la República realizado dos días antes por Rosario Ibarra. El desalojo fue condenado por la dirigencia estatal del Partido Revolucionario de los Trabajadores (P.R.T.) y del Frente Democrático Nacional (F.D.N.). Por su parte Sergio Granados Pineda, Jefe del Departamento de Gobernación, declaró que las peticiones del comité son legítimas, pero de competencia federal y justificó el desalojo. Por último se incluye un artículo en que Granados aclara, respecto a la declaración hecha por Miller, que en el estado no existen presos políticos ni cárceles clandestinas, pero que no pueden negar que haya desaparecidos políticos originarios de Chihuahua que hayan cometido delitos en otros lugares y cuestionó el carácter político de dichas aprehensiones. Las notas pertenecen a ejemplares de los periódicos “Norte”, “Novedades” y “Heraldo” e incluyen fotografías.